Publicado en usahispanicpress.com el 12/07/2013
Varias veces me ha tocado defender las actuaciones de
la dirigencia opositora venezolana sobre decisiones que toman, declaraciones
que hacen y temas que privilegian para debatir. Tales defensas suelen ser no
ante seguidores del oficialismo, sino ante seguidores mucho más extremistas de
la propia oposición, acérrimos críticos del chavismo que rechazan la moderación
que han tomado los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática.
Por estos días se cumplen tres meses de la elección
presidencial del 14 de abril que dejó un disputado y controvertido resultado a
favor de Nicolás Maduro en detrimento de Henrique Capriles Radonski, y algunos
opositores no están contentos con el manejo que le ha dado al tema el propio
derrotado en aquella ocasión. Quisieran haber visto más manifestaciones
callejeras (y lo ocurrido en Egipto, o incluso en Turquía y Brasil, alborota
tales espíritus), quisieran que todo esfuerzo se enfocara en el tema del
presunto fraude electoral, quisieran quizás boicotear o exigir amplias reformas
para las venideras elecciones locales (este 8 de diciembre), etc.
Y es que a tres meses de aquella jornada que dio
oficialmente al chavismo un triunfo por poco más de 200 mil votos, no sabemos
bien dónde estamos parados. El oficialismo, amparado en el casi absoluto
control del Estado venezolano, ha frenado el tema para que se fuera olvidando,
y nuevos e importantes asuntos surgen en la escena política y económica
venezolana.
Por eso mientras el Tribunal Supremo de Justicia
continúa sin dar respuesta a las demandas interpuestas por la dirigencia
opositora sobre la elección del 14 de abril, y el Consejo Nacional Electoral
lleva a cabo la descarga de los datos contenidos en las máquinas de votación
sin presencia de técnicos de la oposición, se vislumbran en apenas cinco meses
unas elecciones municipales con 337 alcaldías a disputar, la inflación alcanza
25% en el primer semestre del año, la inseguridad continúa galopante, así como
la escasez de productos básicos, y el gobierno abre conflictos internacionales
por querer recibir a un “soplón” estadounidense.
Sin embargo, en defensa de quienes esperan un poco
más de concentración en el tema electoral, en las últimas semanas aparecieron
dos informes muy relevantes, serios y críticos sobre el sistema electoral
venezolano que, revisados en profundidad, desenmascaran el que algunos
fanáticos consideran “el mejor sistema electoral del mundo” y dejan guindando a
la democracia venezolana, sin que se les haya dado el protagonismo que merecen.
El Instituto de Altos Estudios Europeos hizo público
a mediados de junio el informe sobre su acompañamiento a los comicios del 14 de
abril. Según la normativa electoral venezolana, este tipo de informes no deben
ser publicados, pero tal era la gravedad de lo observado que este organismo
prefirió sacar a la luz su análisis.
En este caso la mayoría de las críticas se centran en
los días previos al proceso electoral y el ventajismo notable que tuvo el
oficialismo para darle el triunfo a su candidato. Según el Instituto las
decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia representan un “vicio de
nulidad que afecta todo el proceso electoral”. Recordemos que el TSJ decidió
que aunque Nicolás Maduro era Vicepresidente previo a la muerte de Chávez, no
tendría que separarse de su cargo (aunque la Constitución lo exige) ya que en
los días de la campaña electoral ya fungía como Presidente interino.
Este informe insiste en que con tal de dar
continuidad al proyecto chavista, el Estado venezolano favoreció claramente al
candidato de gobierno, desde la presión ejercida sobre funcionarios públicos,
uso de instalaciones y vehículos para propaganda electoral hasta declaraciones
públicas de Ministros en las que amenazaban con retaliaciones si se conocían
votos contrarios al oficialismo.
La observación del Instituto de Altos Estudios
Europeos fue bastante corta debido a las limitaciones del CNE y no se pronuncia
detalladamente sobre las exigencias de Henrique Capriles tras la elección. En
donde sí divergen notablemente es al hablar de la posibilidad de doble votación
por parte de alguna persona. En opinión de los expertos europeos las
autoridades venezolanas deberían analizar la eliminación de colocar tinta
indeleble en el dedo “del elector que, al ser doblemente registrado, hace
imposible que vuelva a votar”.
El Centro Carter fue la otra institución
independiente que a comienzos de julio divulgó su informe. Mucho más moderado
que el IAEE este organismo presidido por el ex Presidente de Estados Unidos,
generalmente visto como aliado o al menos amigo del chavismo, también dio una
serie de recomendaciones al organismo electoral venezolano para contribuir con
la transparencia de los procesos que maneja.
En este caso sí se pide mayor información sobre la
identificación biométrica y que se incluye en las auditorías la de la no
duplicidad de huellas y de incidencias que reporte este sistema de
identificación, punto clave en las exigencias de la oposición sobre el presunto
fraude del 14 de abril.
Ambas instituciones, que estuvieron en el país
acreditadas por el Consejo Nacional Electoral, piden mayor igualdad en el uso
de recursos durante la campaña, así como en el acceso a los medios de
comunicación. Se pide también a las autoridades electorales hacer uso de sus
facultades para frenar distintos abusos o excesos vistos durante la jornada
electoral (motocicletas rondando centros pidiendo el voto para Maduro o
asistencia al voto de forma repetida), y mayor claridad en la normativa para
evitar controversias en casos de resultados parejos como el ocurrido en esta ocasión.
Como he comentado en ocasiones anteriores, es muy
probable que las protestas opositoras ante la justicia venezolana no vayan más
allá, y Nicolás Maduro continúe en la Presidencia de la República. Pero que
instituciones independientes expertas en la observación electoral, nacionales e
internacionales, estén avalando muchas de las quejas de la oposición, generan
consecuencias mucho más trascendentales en el largo plazo. Quizás la
legitimidad de Maduro vaya aumentando con el paso del tiempo, pero el sistema
electoral venezolano luce cada vez más desacreditado, poco transparente y
claramente favorable a quienes ostentan el poder.
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